La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.
 
Este tratado supone la consagración del enfoque de derechos del colectivo y considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, mientras que el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo.
 

El libro ha sido realizado en formato papel, en sistema braille y macrotipos con tapa artesanal texturada y aromatizada.

Cuenta la historia de una bruja roja con aroma a manzana y todas sus travesuras, proponiendo temas como   la superación y el encontrarse a sí mismo, así como la separación de los padres, la búsqueda de amigos, la soledad, la muerte, desde un lugar positivo y apostando por la vida y la alegría.

Dicho proyecto ha empezado a ejecutarse el pasado mes de marzo en ocho municipios del departamento de Chimaltenango. Este proyecto, financiado por la Comunidad de Madrid y FOAL, tiene como objetivo llegar como mínimo a 100 mujeres tanto adolescentes como adultas mayoritariamente de la etnia cachiquel y facilitar su participación activa y autónoma en su vida familiar, social, económica, cultural y política de su entorno.

El acuerdo, rubricado por la directora general de FOAL, Estefanía Mirpuri, y el presidente del CECO, Ignacio Segura, comprende ámbitos como la educación en sus distintos niveles, la rehabilitación, la formación técnico-profesional y la inclusión en el mercado de trabajo, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a productos de apoyo, el acceso a la cultura, al ocio y la práctica del deporte.

Así lo afirmaba la experta en cooperación y desarrollo de FOAL Beatriz Martínez Ríos, quien realizaba una presentación inicial sobre la discapacidad y el desarrollo desde un enfoque en derechos humanos. Martínez Ríos destacó en su intervención la importancia de las barreras actitudinales y en hacer un trabajo sistémico en el que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 deben ser las principales herramientas.