El 19 de febrero de este año, pocos días antes de dejar el Gobierno, el presidente Tabaré Vázquez promulgó la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, una iniciativa que fue aprobada en la Asamblea General con el respaldo de todos los partidos políticos.
La ley, que en su momento impulsó el senador nacionalista Ruperto Long, promovía que el Estado adoptara nuevas medidas para atender a personas con distintos tipos de discapacidades, y contenía planes concretos para que pudieran ser incorporadas al mercado laboral.
El martes pasado, durante la Semana de la Discapacidad, la diputada Verónica Alonso realizó una presentación sobre el tema en el Parlamento, durante la cual trazó un panorama poco alentador. Hizo notar que la ley todavía no fue reglamentada y que, por lo tanto, las herramientas disponibles no están pudiendo aprovecharse.
Dijo que tampoco se avanzó en conocer cuántos son los uruguayos que tienen algún tipo de discapacidad, ya que los datos más recientes siguen siendo los de 2004, según los cuales habría unas 210.000 personas en esa condición.
Por eso, propuso un “Plan de integral de protección a las personas con capacidades diferentes”, que abarca varias áreas. Para empezar, reclama que se reglamente rápidamente la ley y que se cumpla con ella. Pero además, incluye propuestas para incorporar a los discapacitados al mundo laboral, por ejemplo en esquemas de teletrabajo.
Para detenernos en estos temas y hablar de ese plan, recibimos en los estudios de El Espectador a la diputada Verónica Alonso, de Correntada Wilsonista, Partido Nacional.
¿Cómo y por qué decidió tomar este tema, el de los discapacitados?
VERÓNICA ALONSO:
En primer lugar porque me parece un tema de dignidad humana. Muchas veces se trata el tema de las capacidades con una actitud de buena voluntad, de caridad, ese sentimiento que muchas veces nos nace, pero no debe ser un tema asistencialista ni solamente de buena voluntad. Es un derecho humano que lamentablemente no siempre está consagrado.
Yo decía el otro día en la Cámara que la peor discapacidad que tenemos todos es no darnos cuenta de que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Yo sé lo que significa vivir con una persona con una capacidad diferente en el ámbito familiar, en el seno familiar he convivido con un familiar en estas condiciones y eso quizás ha condicionado esta sensibilidad especial por este tema. Pero es un tema con el que –al menos en mi caso– necesitamos no solamente comprometernos, sino que es una responsabilidad, una obligación.
EC - Usted estuvo recorriendo instituciones vinculadas con el trabajo con discapacitados en estos meses.
VA - Desde principios de año tomamos este tema, porque ha habido avances en materia social y en materia legislativa, pero quedan muchas cosas por hacer. A principios de año comenzamos una recorrida, recorrimos la Escuela Horizonte, la Escuela Roosevelt, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, el Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos, la Asociación de Enfermos Musculares, visitamos y nos han visitado una gran cantidad de instituciones buscando saber cuáles eran las demandas. Lo hicimos previo al ámbito del Presupuesto para ver cuáles cosas necesitan recursos presupuestales, que son unos cuantos. Pero además para escuchar cuáles eran esas demandas, sobre todo teniendo en cuenta que hacía muy poco tiempo, apenas iniciado el año, se había aprobado esta ley nº 18.651. Ahí nos encontramos con una serie de necesidades y de propuestas, de iniciativas, de reclamos, entonces tratamos de juntar todo eso para llevar adelante una acción en estos años para neutralizar esas desventajas, porque no siempre, como decimos, alcanza con buenas intenciones ni con buena voluntad, que estoy segura de que todos los partidos políticos tenemos.
EC - Uno de los puntos que usted incluyó en la intervención fue el llamado de atención sobre el hecho de que esta nueva ley sobre discapacitados no está reglamentada todavía. Yo decía que la ley se discutió durante buena parte del período de Gobierno pasado y que se terminó aprobando en febrero de este año con el voto de todos los partidos políticos. Van 10 meses desde de su promulgación, podría decirse que en comparación con otras leyes quizás el período no es tan largo. Pero ¿usted tiene información?, ¿qué ha pasado?, ¿cuáles son las causas?, ¿por qué no se ha reglamentado todavía?
VA - En primer lugar, existe una ley anterior, la nº 16.095 de 1989, que quizás no manejaba tanto el tema de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Pero menciono como antecedente, para evitar que se repita, que muchos de los artículos de esa ley no fueron reglamentados. Pasaron 20 años para que algunos de los artículos de esta ley fueran consagrados, pero muchos otros no. Por supuesto que esta es una ley nueva, pero el Parlamento, el Poder Legislativo trabajó, acá hubo un trabajo del senador Ruperto Long, de senadores de otros partidos, como Margarita Percovich, Pablo Álvarez, de muchos legisladores que están y de otros que no están, entonces la idea es que esto no quede en letra muerta. El Poder Legislativo aprobó una ley, ahora falta el trabajo de la Comisión Honoraria y del Poder Ejecutivo, que no cumplen con esa eficiencia y esa ejecutividad por lo que quienes quieren hacer uso de los beneficios de esa ley hoy no lo pueden hacer.
EC - Cuando entrevistamos al ingeniero Long en febrero, todavía senador en ese momento, él contaba que una de las observaciones que nosotros le hacíamos, el hecho de que el texto no incluía plazo para la reglamentación, había sido uno de los temas que se habían negociado para que la ley pudiera salir con apoyo de todos los partidos, que el Poder Ejecutivo había solicitado que no existiera ese plazo. Ese dato ya daba una señal.
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